Prestaciones Sociales y Económicas de la LISMI, 2008

El sistema especial de prestaciones establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), desarrollado en el Real Decreto 383/84, establece un conjunto de prestaciones económicas,

destinados a la protección de las personas discapacitadas que por no desarrollar actividad laboral no están comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

Es una obligación del Estado y de los poderes públicos garantizar la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada y los recursos económicos para facilitar una mayor realización personal e integración laboral y social a los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, proporcionando la tutela necesaria a las personas que lo necesiten.

Los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona quedaron suprimidos por la Disposición Transitoria Undécima del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, manteniendo el derecho los beneficiarios que los tenían reconocidos, en los términos y condiciones previstos en la legislación específica que los regula. Es posible la opción entre ser titular de estos subsidios o perceptor de una Pensión no Contributiva de Invalidez, Jubilación o Hijo a Cargo Minusválido, siempre que se reunan las condiciones exigidas para acceder a estas pensiones.

Pueden ser beneficiarios de estas prestaciones los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan los REQUISITOS que para cada prestación se citan a continuación, advirtiendo que estos Subsidios son compatibles entre sí e incompatibles con otras prestaciones públicas, siempre que sean de igual naturaleza y finalidad, y superior cuantía, cuando ésta sea inferior se abona la diferencia.

Asistencia Sanitaria y Prestación Farmaceútica (ASPF)
-- No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
-- No tener derecho como titular o beneficiario a estas prestaciones del sistema de Seguridad Social.
-- Discapacidad: Grado igual o superior al 33%

Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM)
Si bien este subsidio, como se ha señalado anteriormente, fue suprimido por la Disposición Transitoria Undécima del Real Decreto Legislativo 1/1994, se detallan a contunuación algunos de los requisitos básicos aplicables que en su momento sirvieron para su reconocimiento por parte del Órgano Gestor correspondiente.

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. En el supuesto de que teniendo reconocido el derecho, se comience a trabajar por cuenta propia o ajena, se suspenderá el pago del subsidio, recuperándose automáticamente cuando finalice dicha actividad.
No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público. En caso de menor importe se abonará la diferencia entre ésta y el subsidio.
No superar el nivel de recursos económicos personales del 70% , en cómputo anual del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. En el supuesto de que el beneficiario tenga personas a su cargo dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del beneficiario hasta el tope máximo del 100% del citado salario.
Edad: Tener dieciocho o más años
Discapacidad: Grado igual o superior al 65% y verse imposibilitado de obtener empleo adecuado por esta causa.

Al igual que el SGIM, este subsidio fue suprimido por la Disposición Transitoria Undécima del Real Decreto Legislativo 1/1994; se detallan seguidamente algunos de los requisitos básicos aplicables que en su momento sirvieron para su reconocimiento por parte del Órgano Gestor correspondiente.

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público.
No superar el nivel de recursos económicos personales del 70% , en cómputo anual del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. En el supuesto de que el beneficiario tenga personas a su cargo, dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del beneficiario hasta el tope máximo del 100% del citado salario.
Edad: Tener dieciocho o más años
Discapacidad: Grado minusvalía igual o superior al 75%
Necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida
No hallarse internado en centro.

Actualización de las prestaciones para 2008
La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, no contempla la revalorización de los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona ya que son prestaciones a extinguir.

Sin embargo el Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte, de conformidad con esta Ley y el Real Decreto 1764/2007, de 28 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2008, sí es objeto de revalorización, experimentando un incremento del 11,04% que incluye el 2,1% de desviación del Indice de Precios al Consumo en el período noviembre/2006 a noviembre/2007.

El uso adecuado de los recursos públicos debe quedar garantizado, por ello los beneficiarios están obligados a:

Observar las prescripciones de los facultativos sanitarios, así como las medidas rehabilitadoras que se establezcan y cooperar a la mayor eficacia de las mismas.
Aplicar las prestaciones económicas a la finalidad para la que hayan sido otorgadas.
No rechazar una oferta de empleo adecuada.
Comunicar, en el plazo máximo de quince días desde que se produzcan, las modificaciones sobrevenidas en su situación que pudieran tener repercusiones en relación con el derecho a las prestaciones o con el contenido de las mismas y, en general, proporcionar cuanta información les sea requerida a efectos de las prestaciones.
Presentar anualmente declaración de sus rentas o ingresos y de los de su unidad familiar de convivencia en impreso-formulario que a ese fin se le remita por el Organismo Gestor de sus subsidios.

Los importes que resulten indebidamente percibidos por el incumplimiento de las citadas obligaciones tienen que ser devueltos por sus perceptores.

A su vez, las Administraciones Públicas tienen el deber y el derecho de establecer los mecanismos de control oportunos para evitar cualquier utilización indebida de las prestaciones sociales; controles que se efectúan tanto con carácter previo al reconocimiento como con posterioridad periódica y anualmente.

El Registro de Prestaciones Sociales Públicas en el que se inscriben todas las pensiones públicas, incluídos estos subsidios, es un instrumento básico de la gestión pública de protección social al posibilitar el seguimiento y control permanente del derecho a las prestaciones y sus perceptores.

El derecho a seguir percibiendo los subsidios se extingue cuando se deja de reunir alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento, así como por el incumplimiento de las obligaciones citadas.

Subsidio	Cuantía anual	Cuantía mensual
SGIM	2.098,04 €	149,86 €
SATP	818,30 €	58,45 €
SMGT	673,68 €	56,14 €