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El Sistema Público de
Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado de Bienestar
conjuntamente con el sistema de salud, la educación y las pensiones,
considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer
cobertura a necesidades básicas que se producen en el ámbito
de la convivencia personal, familiar y social. Sin embargo, uno de
sus objetivos esenciales para el que fueron creados: universalizar
sus prestaciones básicas a toda la población, no se
ha conseguido, por lo que es necesario exigir un compromiso político
que garantice la financiación para alcanzar la cobertura de
todos los ciudadanos. Todos somos usuari@s potenciales de los Servicios
Sociales. Algunas personas y familias los necesitan durante toda la
vida o en etapas prolongadas; otras son atendidas en situaciones de
emergencia o de crisis; también hay personas que no se han
acercado nunca a ellos. No obstante, la mayor expectativa de vida,
los cambios en la estructura familiar, las incidencias de la llamada
“sociedad de riesgo”, o el desempleo de larga duración,
harán que tod@s los ciudadan@s necesiten en algún momento
u otro de su vida las prestaciones básicas de los Servicios
Sociales. Cuando se van a cumplir veinticinco años de la aprobación
de la Constitución Española, es necesario garantizar
el principio de universalidad a las prestaciones básicas establecidas
en todas las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales: Información,
orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado
y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/
alojamiento alternativo; prevención e inserción social;
cooperación social: apoyo al tejido social de autoayuda y solidaridad.
Servicios que deben ir dirigidos a toda la población, independientemente
de la renta que obtenga cada ciudadan@. Para hacer efectiva la universalidad
como garantía de derecho, se debe elaborar un mapa nacional/
regional de necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales,
en coordinación con los municipios, con el objeto de desarrollar
un plan presupuestario de inversiones financieras y sociales para
la dotación de una red de centros y de profesionales con el
máximo nivel de formación que hagan extensible el principio
de universalidad. La responsabilidad pública como principio
fundamental de todas las Leyes de Servicios Sociales es determinante
en la aplicación y garantía de los derechos, así
como en el control de calidad de los servicios, aún cuando
la gestión sea concertada con entidades privadas o con sectores
sin ánimo de lucro. Asimismo, se debe reconocer a las organizaciones
sociales y profesionales la participación como interlocutores
sociales en el desarrollo de las políticas que han de garantizar
los derechos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales.
La universalidad de derechos en Servicios Sociales, junto con los
demás sistemas de protección social, son los mejores
instrumentos con los que cuentan las personas y familias para construir
un futuro que garantice su bienestar y su calidad de vida. Quienes
suscribimos este Manifiesto, exigimos a los grupos parlamentarios
del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas que garanticen
por Ley la financiación para hacer efectiva la universalidad
de los derechos/ prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales.
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