II PLAN NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE ESPAÑA 2003-2005

• Cuenta con un presupuesto de 35.735 millones de euros para el período de vigencia del Plan e incluye hasta 261 medidas y actuaciones destinadas a proteger a colectivos vulnerables.

• Prevé el impulso de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y avanzar en el desarrollo del Plan Integral de Familia.

• Intensificará las actuaciones contra la violencia doméstica e incrementará las medidas que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Madrid, 25 de julio de 2003

El Consejo de Ministros ha aprobado el II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2003-2005), elaborado de acuerdo a las directrices comunes dictadas por el Comité de Protección Social y basadas en los acuerdos políticos alcanzados en los Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Copenhague.

El II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social incluye un total de 261 medidas y actuaciones que se estructuran alrededor de cuatro objetivos:

1. Fomentar la participación en el empleo y el acceso a los recursos sociales existentes de las personas en situación o riesgo de exclusión.

2. Prevenir los riesgos de exclusión aprovechando los instrumentos de la sociedad de la información, aplicando políticas que eviten aquellas situaciones que puedan desembocar en exclusión y preservando la solidaridad familiar.

3. Actuar a favor de los grupos más vulnerables.

4. Movilizar a todos los agentes implicados promoviendo la participación de los afectados y la coordinación de todos los agentes públicos y privados.

Para ello, este Plan prevé un esfuerzo presupuestario de 35.735 millones de euros durante el plazo de vigencia 2003-2005, que serán aportados por la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Decálogo de prioridades

Dentro del decálogo de prioridades del plan, cabe destacar el objetivo de reducir un 2 por 100, durante el periodo de vigencia del plan, el número de personas con una renta inferior al 60 por 100 de la media de ingresos.

El segundo objetivo del Plan establece la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas de protección social mediante la cooperación de todas las Administraciones Públicas a través del establecimiento de mecanismos de cooperación entre los servicios sociales del Estado y los de las Comunidades Autónomas.

El tercer objetivo es el de avanzar en la cohesión interterritorial priorizando las actuaciones que se desarrollan en los territorios y barrios socialmente vulnerables. Además, prevé ampliar los planes municipales hasta alcanzar al 50 por 100 de la población y, por último, promover pactos locales y regionales de empleo para colectivos vulnerables con la intervención de los agentes sociales.

En cuarto lugar, impulsar nuevas medidas de apoyo a la familia, especialmente las de conciliación de la vida familiar y laboral. Se amplían las redes públicas y concertadas de centros de enseñanza para niños de hasta tres años, se incentiva la creación de servicios de guarderías en las empresas y se establecen en la Administración Pública centros para el cuidado de niños y niñas de esas edades.

La quinta prioridad consiste en potenciar el acceso a las nuevas tecnologías de la población en situación de riesgo de exclusión, con el incremento de los puntos públicos de acceso a Internet en los Ayuntamientos, bibliotecas y oficinas de Correos, y con la promoción de la alfabetización digital de las personas con discapacidad.

El sexto objetivo prevé intensificar las actuaciones contra la violencia doméstica.

Como séptima prioridad, el Plan establece el desarrollo de programas específicos para personas dependientes y para grupos con especial vulnerabilidad como las personas mayores, población gitana, personas con discapacidad, inmigrantes, infancia y personas sin hogar.

Los tres últimos objetivos se resumen en asegurar la participación de todos los agentes sociales, establecer foros de debate con las ONG y fomentar el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la Administración.

Dentro de las actuaciones más relevantes previstas en este Plan destacan las siguientes:

Acceso al empleo

• Impulsar microcréditos y otras líneas de financiación para potenciar el autoempleo de las personas en situación o riesgo de exclusión.

• Incrementar hasta el 4 por 100 el cupo reservado para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.

• Reducir la temporalidad en el empleo a través del fomento de la contratación indefinida, especialmente para jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes y personas discapacitadas.

Garantía de recursos

• Reducir en un 2 por 100, durante el periodo de vigencia del plan, el numero de personas con una renta inferior al 60 por 100 de la media de ingresos.

• Incrementar los recursos presupuestarios y la cuantía económica de las rentas mínimas de inserción (sufragadas por las Comunidades Autónomas) hasta alcanzar el 70 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.

• Incrementar progresivamente hasta el 52 por 100 el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, actualmente establecido en un 48 por 100.

• Continuar elevando las cuantías de las pensiones mínimas de jubilación con beneficiarios de menos de 65 años, así como las pensiones mínimas de viudedad de beneficiarios con menos de 65 años y las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Educación

• Adaptar los planes de estudio a la realidad multicultural actual, incluyendo programas de integración y de inmersión lingüística.

• Favorecer la acogida de un mayor número de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social en toda la red de los centros escolares, evitando su concentración.

Salud

• Desarrollar planes y programas integrales para garantizar la atención a los enfermos y enfermas mentales que se encuentren en situación o riesgo de exclusión.

• Apoyar programas sociosanitarios dirigidos a personas con enfermedades crónicas o terminales.

• Crear equipos multidisciplinares ambulantes de atención sanitaria y psiquiátrica en la calle, mediante convenios con ONG coordinados con el sistema público sanitario.

Familia

• Establecer la certificación de empresa "Familiarmente responsable" para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

• Desarrollar medidas de protección a las familias numerosas.

Actuaciones a favor de las personas más vulnerables

• Desarrollar el Plan de Acción para las personas mayores.

• Aprobación definitiva de la Ley de Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad.

• Aprobación definitiva de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

• Aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.

• Desarrollar programas específicos para incrementar la tasa de empleo femenino.

• Garantizar a las mujeres maltratadas en situación económica precaria la garantía de ingresos, mediante la percepción urgente de una cuantía igual al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, a través de la renta activa de inserción.

• Realizar programas que faciliten la continuidad y permanencia de la población gitana en los estudios en niveles medios y superiores.

• Desarrollar programas dirigidos a mejorar la situación en educación, formación y acceso al empleo a las personas inmigrantes.

• Crear una red interautonómica de recursos, alojamientos y dispositivos para las personas sin hogar, en poblaciones a partir de 50.000 habitantes.

• Facilitar gratuitamente a las personas consideradas como transeúntes o sin hogar, en tanto perdure su situación: transporte urbano, espacio para efectos personales y equipamientos de aseo personal.

• Elaborar una base de datos accesible "on-line" que recoja información actualizada de todos los recursos y servicios existentes destinados a las personas en situación o riesgo de exclusión social.