BENEFICIOS FISCALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La regla que se aplica a todo el sistema tributario es la que se indica en el artículo 47 de la Ley del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas.
Tendrán la consideración de discapacitados los contribuyentes que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
El reconocimiento del grado de minusvalía se considera acreditado mediante el certificado emitido por el Instituto de Asuntos Sociales o el órgano competente de las comunidades autónomas.
Igualmente se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento cuando se trate de minusválidos cuya incapacidad sea declarada judicialmente aunque no alcance dicho grado.
También existe otro grupo de personas que, con independencia del grado de discapacidad que tenga reconocida, serán beneficiarios de ayudas de la movilidad reducida, así como a la reducción por discapacidad de trabajadores activos.

IRPF
Las reformas del IRPF realizadas en los últimos años (Ley 40/1998 de 9 de diciembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas tributarias, y la Ley 46/2002 de 18 de diciembre de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes) suponen un avance importante en el tratamiento fiscal de las rentas y el ahorro de las personas con discapacidad.

Según la ley 21/2002, de 14-11-2002, de medidas fiscales de apoyo a la familia y a determinados sectores económicos y de gestión tributaria. [DOCM 26 noviembre de 2003]
Deducción por cuidado de descendientes o ascendientes discapacitados.
Por cada descendiente soltero o ascendiente que sea discapacitado y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, se establece una deducción de 300 euros, siempre que el descendiente soltero o ascendiente dependa y conviva más de 183 días del año natural con el contribuyente, no deba presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y no tenga rentas brutas anuales superiores a 6.000 euros, incluidas las exentas.

Deducción por discapacidad del contribuyente.
Por cada contribuyente discapacitado que acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, se establece una deducción de 300 euros.

Rentas exentas
El artículo 7 de la ley hace referencia a las rentas exentas.
• Están exentas las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, y las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social por las mutualidades que actúen como alternativa a dicho régimen.
La cuantía exenta tiene como límite la prestación máxima que reconocería la Seguridad Social por este concepto.
• Están exentas las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 18 años o afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100 ya sean prestaciones contributivas o no contributivas.
Se consideran igualmente exentas las ayudas económicas otorgadas por entidades públicas a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que sus rentas no excedan del doble del salario mínimo interprofesional.
• Están exentas las prestaciones por desempleo que se perciban en su modalidad de pago único en el caso de trabajadores con discapacidad en supuestos de autoempleo.
• Se pueden considerar exentas aunque en la LIRPF no se menciona expresamente, las prestaciones por incapacidad permanente no contributiva así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda a 3ª persona, ya que existen varias consultas a la Dirección General de Tributos favorables.

Reducciones de la base imponible
En las rentas de trabajo la deducción general máxima de 3.500 euros, se incrementa en 2.800 euros para los contribuyentes discapacitados que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos. El incremento pasa a ser de 6.200 euros anuales para los trabajadores activos discapacitados que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
El importe máximo de las reducciones a practicar en la base imponible por este concepto y por la reducción por rendimientos de trabajo establecida con carácter general no podrá superar la cuantía de los rendimientos netos del trabajo.

Mínimos personal y familiar.
Se deja exento de tributación la cantidad que se considera el mínimo imprescindible para hacer frente al sustento básico del individuo y su familia. Como regla general el mínimo genérico es de 3.400 euros, cantidad que para las personas con discapacidad se incrementa en 2.000 euros anuales si su grado de minusvalía es hasta un 65 por 100 y en 5.000 euros/año para los que superen el 65 por 100.
El mínimo familiar que se aplica a los ascendientes e hijos, fijando la ley unas cantidades de deducción que oscilan entre los 1.400 y los 2.300 euros (en función del número de hijos) cuando éstos convivan con el declarante. Cuando los ascendientes o hijos a cargo tengan una minusvalía entre el 33% y el 65% la deducción general se incrementa en 2.000 euros más. Y si la minusvalía es del 65% o superior la deducción aplicable se incrementa en 5.000 euros más.

Reducción por asistencia
Se introduce una reducción en concepto de asistencia de 2.000 euros para los contribuyentes discapacitados que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. Asimismo por cada ascendiente o descendiente que genere derecho a reducción y que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, la base imponible se reducirá en 2.000 euros anuales.
Además, existen reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones y planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con minusvalía. Se incrementa el límite de las aportaciones por cada partícipe a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento con los que exista relación de parentesco o tutoría.
El límite se sitúa en 8.000 euros anuales, para las aportaciones y contribuciones realizadas a favor de personas con minusvalía. Se incrementa el límite de las aportaciones realizadas pro el propio minusválido partícipe hasta 24.250 euros.
Cuando concurran varias aportaciones a favor del minusválido será objeto de reducción en primer lugar las aportaciones realizadas por el propio minusválido hasta el límite de 24.250 euros, y en segundo lugar podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas por oras personas a favor de los minusválidos en su propia base imponible de forma proporcional sin que en ningún caso el conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de un minusválido pueda exceder 24.250 euros. Se hace extensivo el régimen fiscal de aportaciones y prestaciones tanto a Mutualidades de Previsión Social como a la nueva figura de los Planes de Previsión Asegurados.

Medidas fiscales en otros impuestos.
• En el Impuesto de Sociedades, elevación a 6.000 euros de la deducción por trabajador con discapacidad contratado.
• Exención del Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas por entidades sin fin de lucro por asistencia a discapacitados.
• Bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades durante los cinco primeros años para cooperativas de trabajo asociado fiscalmente protegidas y constituidas por el 50% al menos de socios con discapacidad.
• El reconocimiento de ciertos beneficios en el Impuesto de Sociedades durante los cinco primeros años para cooperativas de trabajo asociado fiscalmente protegidas y constituidas por el 50% al menos de socios con discapacidad.
• El reconocimiento de ciertos beneficios en el Impuesto de Sociedades a las empresas de transportes que adapten sus elementos a las necesidades de las personas con discapacidad (en virtud de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte) y la mejora de los límites de aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión constituidos a favor de personas con minusvalía (Ley 6/2000, de 13 de diciembre, sobre medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa).
• Exención del Impuesto de Tracción Mecánica para vehículos destinados al uso de discapacitados. Así como exención del impuesto especial sobre determinado medios de trasporte para los coches de minusválidos.
• Reconocimiento a las personas con discapacidad de exención del pago de tasas por derechos de examen de acceso al empleo público y tasas de tráfico.
• Bonificación hasta el 90% del Impuesto de Construcciones y Obras para favorecer el acceso y la habitabilidad para discapacitados.
• Exención total del Impuesto de Actividades Económicas para asociaciones de discapacitados sin ánimo de lucro.
• Mayores bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
• Deducción hasta el 40% por las aportaciones de particulares a sociedades e iniciativas de interés social.
• En el IVA, la no aplicación de la regla de la prorrata a las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Empleo, lo que supone un importante ahorro fiscal para este tipo de centros, al no tributar en concepto de IVA por las subvenciones públicas que reciban.
• En relación con el IVA, ampliación de la aplicación del tipo reducido del 7% a los aparatos y complementos cuyo uso esencial o principal sea el de suplir una deficiencia, rompiendo así con el carácter absoluto de la limitación contenida en la antigua redacción del precepto.
• Tributan al tipo superreducido del 4% las entregas adquisiciones intracomunitarias e importaciones de “los coches de minusválidos, así como los servicios de reparación de los coches y de las sillas de ruedas, así como servicios de adaptación de los autotaxis.
• Otro avance significativo es el dirigido a favorecer indirectamente la contratación de trabajadores discapacitados por empresarios acogidos al régimen fiscal de estimación objetiva singular por signos, índices o módulos del IRPF y al Régimen Especial simplificado del IVA. En efecto, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de febrero de 2000 establece un beneficio fiscal para los empresarios que contraten a trabajadores discapacitados, consistente en una cuantificación del 60%, lo que supone, tanto a efectos de módulos como de IVA, un ahorro del 40%.
• Están exentas del Impuesto de trasmisiones y actos jurídicos documentados las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de utilidad pública que se dediquen a la protección, asistencia o integración social de personas con discapacidad física o psíquica siempre que cumplan los requisitos del artículo 3 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo.